A 50 años del golpe
El 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina nos encuentra en un escenario difícil de imaginar pocos años atrás.
Asistimos a un asedio a la democracia, como parte de un proyecto de radicalización del neoliberalismo que, a contramano de la libertad que pregona, se revela crecientemente autoritario. La destrucción del Estado, otrora garante de derechos fundamentales y destinatario de las demandas sociales por la ampliación de la ciudadanía, se garantiza por la vía del control social intensificado gracias al desarrollo y monopolio de las tecnologías de vigilancia.
Las ultraderechas se instalan en los países ofreciendo respuestas frente a una crisis que desde hace años socava la legitimidad de las instituciones, profundiza las desigualdades, desintegra lo colectivo. El mapa político del mundo se resquebraja, y no se avizora nada nuevo por detrás del humo de las bombas que se multiplican en tantas otras guerras y genocidios a cielo abierto.
Este aniversario del golpe encuentra a la Universidad Pública argentina en uno de sus momentos más críticos. Mediante una estrategia integral que combina desfinanciamiento, violencia simbólica, desprestigio y persecución política, el propio gobierno del Estado se hace cargo de un objetivo primordial de las nuevas derechas: acabar con la universidad pública que supimos construir en estas décadas de democracia, y que recupera la mejor tradición de la educación pública a lo largo de nuestros más de 200 años como país soberano. Una Universidad masiva, gratuita, democrática, inclusiva, al servicio de las necesidades nacionales y de los intereses del pueblo que la sostiene con su esfuerzo cotidiano.
La lucha sostenida por la comunidad universitaria en estos más de dos años de gobierno de Javier Milei, permitió entre otras cosas contar con una Ley de Financiamiento Universitario que obliga a reponer los fondos para el funcionamiento de las Universidades. En primer lugar, de los salarios docentes y nodocentes, que hoy registran una caída sin precedentes de casi el 40 % de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Pero el gobierno incumple la Ley desde hace más de 150 días. Y ante los legítimos reclamos de las y los trabajadores, el subsecretario de políticas universitarias responde públicamente que “los sindicatos están destruyendo la Universidad Pública”. Hoy las Universidades tienen como interlocutor y responsable de las políticas de educación superior a un personaje que emula torpemente los comunicados de la última dictadura militar, acusando a docentes de “adoctrinadores” y denunciando “infiltración marxista” en las aulas.
La brutalidad en el ejercicio del poder de estas nuevas derechas nos deja a la vista una certeza: la declaración de guerra a las Universidades tiene un sentido estratégico. Y si miramos la historia, lo tuvo siempre. Por eso la noche de los Bastones Largos, la intervención de dependencias de la UNC antes del golpe, la expulsión de docentes, el secuestro y desaparición de profesores y estudiantes durante la dictadura, la censura de libros y teorías.
El escenario es sin dudas complejo. Pero si algo nos enseñaron estos 50 años, es que ningún destino está escrito, ninguna realidad es inmutable.
Este aniversario nos coloca frente al desafío y la responsabilidad de asumir el lugar de relevancia social y política de la Universidad en el presente. Afirmarnos en la memoria de quienes enseñaron el valor del compromiso en sus aulas, de quienes se organizaron para llevar la Universidad a los barrios, de quienes defendieron el pensamiento libre y crítico en las circunstancias más difíciles. Desde allí, con la potencia y la dignidad de la memoria, hacer de la Universidad un espacio de resistencia organizada al proyecto autoritario y excluyente que impulsa este gobierno. Y sobre todo, recrear a la Universidad como territorio de experimentación y profundización democrática, de imaginación política y de construcción de otros futuros individuales y colectivos.
