En abril de este año protagonizamos una jornada histórica. La Marcha Federal Universitaria puso en escena la valoración social de la Universidad Pública y la disposición de nuestra comunidad para defenderla. Llevábamos cuatro largos meses de protesta sin lograr ser escuchados. El gobierno dio una respuesta con la que intentó clausurar el conflicto: actualizó las partidas para gastos de funcionamiento. Una mejora que solo impacta en el 10% del presupuesto total, sin revertir la emergencia salarial que castiga a las y los trabajadores universitarios.
Llegamos al segundo semestre profundizando el plan de acción en todas las universidades nacionales para mantener vivo el reclamo: “la crisis presupuestaria no está resuelta; sin salarios dignos no hay universidad”. El multitudinario Festival y el alto acatamiento al Paro Nacional Universitario de 48 hs realizados en los últimos días son muestras de que la comunidad universitaria continúa de pie y decidida a defender -en unidad- el derecho a la educación superior pública y gratuita, con amplio respaldo social.
Ley de Financiamiento Universitario
Frente a la agudización de la crisis y del conflicto, el gobierno convocó (en agosto y por primera vez desde su asunción) a la paritaria universitaria. Ofreció un “aumento” irrisorio: 3% para agosto, 2% para septiembre, obtuvo el rechazo unánime de todas las federaciones sindicales y anunció que la negociación quedaba abierta. Pero al día de la fecha continuamos esperando una propuesta superadora. Paralelamente, la Cámara de Diputados produjo un importante avance en relación a las demandas que venimos expresando, dando media sanción al Proyecto de Financiamiento Universitario.
De aprobarse en el Senado, la sanción de esta ley permitiría comenzar a revertir la crisis del sistema universitario, con un articulado que apunta a garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio, dándole previsibilidad como política de estado, por encima de los “humores coyunturales” de los gobiernos de turno:
- Recomposición y actualización por inflación de los salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024
- Actualización bimensual por inflación de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura
- Ampliación anual y progresiva de los montos y número de beneficiarios de las becas para estudiantes
- Fortalecimiento del sistema científico-tecnológico
Celebramos la media sanción en Diputados como un logro colectivo, producto de la amplia y sostenida movilización social, que abre una nueva etapa en el conflicto. Necesitamos que esta ley se apruebe. Tenemos el desafío de construir la fuerza necesaria para evitar el veto presidencial y sostener a la educación superior y el sistema científico como pilares estratégicos para el desarrollo soberano de nuestro país.
En este sentido, anunciamos la continuidad del plan de acción, articulando los próximos pasos junto a la comunidad universitaria, los gremios del sector educativo, las universidades de nuestra provincia, el Frente Sindical Universitario Nacional y organizaciones de la sociedad civil. Daremos impulso a una fuerte campaña en apoyo a la ley, y solicitaremos audiencia a las y los senadores por Córdoba, camino a la Marcha Federal Universitaria.
