La provincia de Jujuy es, desde hace más de 15 días, el escenario de un experimento político oprobioso. Frente a los reclamos de la docencia por mejoras laborales, en una provincia que paga los salarios más bajos del país y abandona a los/as estudiantes y docentes de las regiones más postergadas, la respuesta estatal es la persecución y la amenaza de castigo, con multas y cesantías.

La anulación de aquel decreto publicado el 9 de junio -que remite a los más oscuros años de la dictadura cívico-militar, cuando la cesantía, secuestro y desaparición de trabajadores se instaló como una práctica sistemática del terrorismo
de estado-, fue solo un paso atrás para tomar impulso. Unos días después, el gobernador Gerardo Morales apuró el trámite legislativo para la aprobación de una reforma constitucional que vulnera derechos y limita libertades democráticas fundamentales. Conquistas que son resultado de 40 años de trabajo sostenido desde
las organizaciones sociales, políticas y del conjunto de la ciudadanía argentina, que apuesta desde 1983 por una convivencia democrática y por un Estado que garantice el bienestar del conjunto de la población.

La nueva constitución provincial, finalmente aprobada y jurada de espaldas a la comunidad de Jujuy, dispone reformas muy sensibles en temas que son de profundo interés para las organizaciones y para la ciudadanía en general. Por un lado, intenta avanzar sobre la posesión de las tierras ocupadas por numerosos pueblos originarios, legalizando el despojo en nombre del desarrollo y de la propiedad privada. Por otro lado, insiste con la regulación del derecho constitucional a la protesta a través de mecanismos como “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”.

Nada de esto resulta nuevo ni una ocurrencia exclusiva de la dirigencia política jujeña. Los intentos de regular la protesta social vienen siendo una tendencia dentro de un sector de la política decidido a avanzar en reformas estructurales que tendrán dolorosas consecuencias para las mayorías populares. Y esas transformaciones
tienen un solo obstáculo: la capacidad de resistencia y movilización del pueblo argentino organizado.

A pocos días de iniciado este largo conflicto, las expresiones del sindicalismo comprometido con las luchas sociales responde brindando el apoyo a las y los trabajadores docentes y al conjunto del pueblo de Jujuy. Distintas
centrales y corrientes sindicales realizaron una conferencia de prensa el lunes 19 de junio, mientras que Ctera, CONADU y CONADU Histórica lanzaron un paro nacional el día 22 de junio, al que se suma ATE nacional. Simultáneamente, se suceden movilizaciones y concentraciones frente a las casas de Jujuy en todo el país.

En Córdoba, este jueves 22 de junio, los sindicatos docentes de todos los niveles convocamos al paro en solidaridad con las luchas del pueblo de Jujuy y en apoyo a los reclamos de la docencia. Concentraremos en Plaza San Martín desde las 11 hs y luego, a las 15 hs., realizaremos la clase pública “SIN PROTESTA NO HAY DERECHOS”, para analizar la reforma constitucional en lo que refiere al derecho a la protesta, apostando a comprender su vinculación con otras iniciativas similares en el país y el lugar de estos proyectos en el escenario político actual y futuro. Contaremos con la presencia del Dr. Horacio Etchichury, docente de Derecho Constitucional de la UNC, y la Abogada laboralista María Martha Terragno, asesora legal de ATE Córdoba.

Desde la convicción de que sin protesta no hay derechos, y que el mejor homenaje a estos 40 años de democracia es la defensa irrestricta de nuestro derecho a reclamar por un país con justicia e igualdad, les esperamos.