La justicia ratificó lo que venimos sosteniendo las y los trabajadores del sistema universitario: el gobierno debe cumplir la ley y pagar la deuda que tiene con docentes, no docentes y estudiantes.

Una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. 

El fallo ratifica la decisión que hizo lugar en primera instancia a la cautelar presentada -en noviembre de 2025- por las universidades nacionales, y ordena al Ejecutivo cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795.

Esto significa que el gobierno debe actualizar los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles, tal como lo dispuso el Congreso de la Nación con el voto de más de dos tercios de ambas Cámaras.

Se trata de un importante avance en la lucha que venimos dando, junto a toda la comunidad universitaria, desde hace más de dos años en defensa de la Universidad Pública, porque rebate cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para incumplir la ley vigente.

Un fallo contundente que nos convoca a seguir multiplicando los espacios de organización y profundizar el plan de lucha en todo el país. 

La única solución al conflicto
es cumplir la ley vigente.