Las y los trabajadores docentes llevamos dos años sosteniendo a las universidades en condiciones absolutamente inviables. No podemos continuar soportando la hostilidad económica, simbólica y política del gobierno. Es inaceptable la naturalización del trabajo precarizado y mal pago, que deteriora nuestra condiciones de vida como nunca antes y nos lleva al vaciamiento de las universidades que son orgullo nacional. No vamos a bajar los brazos. Nos sobra vocación, nos falta llegar a fin de mes. En estas condiciones nos encaminamos a la paralización total de actividades por tiempo indeterminado.
Convocamos al paro total de actividades en la semana que va del lunes 16 al sábado 21 de marzo. Sin asistencia a los lugares de trabajo, suspendiendo todas las tareas de docencia, investigación y gestión. La medida fue resuelta por el plenario de nuestra federación nacional, Conadu, a partir de los mandatos elaborados en las asambleas y consultas realizadas por la treintena de gremios de base que integran la federación.
La continuidad y profundización del plan de lucha durante este primer semestre serán definidas en el Congreso de Conadu, convocado para los días 12 y 13 de marzo. Los congresales de ADIUC, insistirán con el mandato elaborado en la asamblea de afiliados/as: paro por tiempo indeterminado desde el 16/3.
Las otras medidas a considerar en el Congreso de Conadu (12 y 13/3) son centralmente dos: parar una semana por mes, o realizar paros de duración creciente con periodicidad mensual, hacia el paro total de actividades por tiempo indeterminado.
La única solución al conflicto es cumplir con la ley vigente
El plenario de Conadu (27/2) alcanzó un acuerdo general para dar impulso a un plan de lucha de largo aliento e intensidad creciente, apostando a la movilización -en todo el país- en unidad con estudiantes y nodocentes. Por otra parte, se declaró en sesión permanente ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en las calles y el Congreso ya votó seis veces.
En efecto, el Ejecutivo presentó un proyecto para no cumplir con la Ley y profundizar el vaciamiento del sistema universitario. Mientras nuestros salarios deberían haber aumentado un 55% en febrero para recuperar el poder de compra que tenían en noviembre de 2023, el gobierno pretende arreglarnos con un 12% en 3 cuotas (que se terminarían de pagar a fin de este año) y sin ofrecer ningún mecanismo de recomposición frente a la inflación de 2026.
El proyecto del gobierno tampoco recompone la garantía salarial que está congelada hace un año, por lo que una enorme cantidad de docentes universitarios aún hoy cobra 250.000 pesos. Recordemos que la garantía salarial se negociaba en la paritaria nacional docente, que este gobierno nunca convocó, hasta el lunes pasado. Allí, finalmente se sentó con los gremios docentes, a los que no ofreció ningún aumento.
En este marco, insistimos: la única solución para el conflicto universitario es el cumplimiento de la ley vigente.
La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple.
LA UNIVERSIDAD NO SE RINDE
