En el marco del NO INICIO DE CLASES, resuelto en Asamblea, y tras una semana con decenas de acciones de protesta y visibilización en toda la UNC, convocamos –junto al Sindicato Nodocente y la FUC– a encontrarnos en una jornada de celebración y lucha. Porque es enorme lo que aún en este presente crítico, necesitamos cuidar y defender para proyectar nuestro horizonte común. Porque sabemos que caminando juntos, podemos cambiar esta historia.
En abril protagonizamos una jornada histórica. La Marcha Federal Universitaria puso en escena la valoración social de la Universidad Pública, y la disposición de nuestra comunidad para defenderla. Las autoridades intentaron clausurar el conflicto actualizando las partidas para gastos de funcionamiento. Una mejora que solo impacta en el 10% del presupuesto total, sin revertir la emergencia salarial que castiga a las y los trabajadores universitarios.
La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de este año alcanzó el 121%. En ese mismo período, el gobierno dispuso en forma unilateral “incrementos” salariales que totalizan un 70%. Nuestros salarios están en su mínimo histórico. Profundizamos el plan de acciones en todo el país, y aún así, en la última reunión paritaria, las autoridades de la cartera educativa ofrecieron una actualización del 3% para agosto, y del 2% para septiembre. Pero esta vez, según el comunicado oficial, la negociación continúa abierta.
Estaremos atentos a las novedades que se puedan presentar. Mientras tanto, el plan de acciones continúa en pie, incluida nuestra adhesión al PARO NACIONAL UNIVERSITARIO convocado por el Frente Sindical Universitario para los días 20 y 21 de agosto. De no mediar una oferta superadora, ratificamos las medidas de fuerza. Camino a una nueva Marcha Federal Universitaria.
Por otra parte, el congreso nacional produjo un importante avance en relación a las demandas que venimos expresando. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Financiamiento Universitario que, de aprobarse en el Senado, nos permitiría recuperar la pérdida salarial registrada desde diciembre de 2023, y comprometería al Gobierno a una actualización salarial mensual que acompañe la inflación hasta diciembre de 2024, entre otros importantes puntos.
Necesitamos que esta ley se apruebe, construir la fuerza necesaria para evitar el veto presidencial y sostener, a la educación superior y el sistema científico como pilares estratégicos para el desarrollo soberano de nuestro país.
