El discurso oficial refiere al salario y a la educación pública como un gasto y una estructura sobredimensionados, que necesitan ser recortados para equilibrar las cuentas públicas. Pero los recursos destinados cada mes al pago de intereses por LELIQS a los bancos equivalen a 5 millones de salarios mínimos. Hay algo que no cierra. Hay un estado en retirada como garante de derechos para las mayorías; hay un estado garantizando los negocios de un puñado de grandes corporaciones. 

La profunda crisis que atraviesa nuestro país no es otra cosa que la consecuencia previsible de un programa de ajuste contra el trabajo y la producción nacional, en beneficio de los sectores más concentrados y especulativos de la economía. La avanzada contra los derechos laborales, el salario y la educación pública es parte sustantiva de ese programa. 

La recuperación de un proyecto de país con desarrollo e inclusión necesita ubicar a las universidades y al sistema científico en el centro de las políticas públicas. Las elecciones de este año serán decisivas para nuestro futuro. Tenemos la oportunidad de dar vuelta la página y volver a construir un país para todxs. Está en nuestras manos.