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ADIUC frente a los exámenes finales de julio 2020

En el primer cuatrimestre de 2020, las y los docentes fuimos llamados a elaborar programas de emergencia y avanzar en el dictado virtual de las asignaturas, en las condiciones señaladas en documentos anteriores. Esto se realizó durante tres meses, sin contar con definiciones institucionales sobre los modos de acreditación y sin que la universidad analice y pondere los posibles efectos de estas adaptaciones en las trayectorias formativas de las y los estudiantes a la luz de los planes de estudio de las carreras de grado, entendido éstos como planes de formación integral. En este marco, creemos necesario anticipar posibles consecuencias vinculadas a la iniciativa de avanzar en la realización de una sumatoria de exámenes y acreditaciones particulares tal como lo establece la RR-2020-641-E-UNC-REC que, bajo formas de adaptación diversas, ponen en riesgo una formación acorde a los planes de estudio que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, las actuales condiciones de confinamiento, así como la intempestiva y compulsiva demanda/exigencia a “responder” y/o “resolver”, han favorecido el trabajo fragmentado e individual que afecta directamente los procesos educativos. Ante ello, es fundamental la reconstrucción de estrategias y espacios colectivos no sólo para la contención, colaboración y acompañamiento sino también, y fundamentalmente, para el debate y la construcción de acuerdos comunes de diferente orden y alcance, encaminados a garantizar el ejercicio pleno de los derechos tanto laborales como estudiantiles.

El desarrollo de la actividad docente en las actuales condiciones -tal como venimos sosteniendo a lo largo de estos meses en diversas comunicaciones públicas y en los espacios de deliberación en los que participamos- está amparada por la legislación laboral y el convenio colectivo de trabajo. No obstante, las insuficientes regulaciones del teletrabajo en general y de la educación virtual en particular, coloca a las y los trabajadores docentes en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

Durante este cuatrimestre hemos registrado la sobrecarga de trabajo, la superposición del trabajo formal con las tareas de cuidado, las dificultades tecnológicas por la falta de conectividad o la obsolescencia de los equipamientos personales disponibles, la masividad de estudiantes a cargo de equipos docentes reducidos, la falta de capacitación o entrenamiento suficiente para el uso de las herramientas virtuales, la escasez del tiempo y acompañamiento institucional necesario para la elaboración de estrategias pedagógicas adecuadas, entre otros problemas. Frente a los exámenes finales -instancia en la que se pone en juego la acreditación del conocimiento adquirido mediante determinados procesos pedagógicos- estas condiciones se vuelven particularmente visibles, reconociéndose como obstáculos difíciles de sortear.

En este escenario, y frente a la inminencia de las mesas de exámenes finales del turno de julio, SOLICITAMOS:

  • Que las mesas examinadoras de julio se reserven exclusivamente para realizar defensas de trabajos finales, tesinas y tesis de grado y para las evaluaciones finales de las últimas materias de los planes de estudio, siempre y cuando las cátedras involucradas evalúen y consideren que resulta pertinente y viable desarrollar tales instancias de acreditación.
  • Que se disponga la extensión de condiciones académicas obtenidas por los/as estudiantes, la suspensión de correlatividades para las materias del segundo cuatrimestre de 2020 y toda otra medida orientada a preservar las trayectorias formativas de los/as estudiantes.
  • Que durante las semanas establecidas para las mesas de exámenes de julio, según cronograma académico, se realicen actividades de capacitación y asesoramiento en cuestiones vinculadas a la enseñanza universitaria en entornos virtuales (recursos y estrategias para la enseñanza en la virtualidad, pedagogía y didáctica para la enseñanza en la virtualidad, ergonomía y entorno saludable en el teletrabajo, entre otros temas prioritarios) destinadas a docentes de la UNC.

Para el caso de las unidades académicas que, aun siendo prevenidas sobre esta compleja situación, dispongan la realización de los procesos de evaluación y acreditación académica estudiantil, DEMANDAMOS garantías respecto de las siguientes condiciones:

  • La existencia de adecuados dispositivos tecnológicos, conectividad a internet y plataforma tecnológica institucional para las evaluaciones.
  • Una relación razonable entre cantidad de docentes a cargo de la evaluación, cantidad de estudiantes a evaluar y tiempo de trabajo. Para ello, las mesas deben planificarse con mayor precisión que en los exámenes presenciales, teniendo en cuenta: modalidad de evaluación, asignación de horarios, cantidad de estudiantes prevista y participación de personal asistiendo en las tareas administrativas.
  • Una adecuada distribución de las tareas de acuerdo a los cargos (jerarquías y dedicación horaria) de los/as docentes que participarán de cada instancia de evaluación.
  • La definición de mecanismos institucionales para la verificación de identidad de los/as estudiantes, la elaboración de protocolos eficientes y su comunicación a docentes y estudiantes con un plazo prudente previo a la realización del examen. En función de la cantidad de estudiantes, el mecanismo de acreditación de la identidad deberá ser gestionado por personal administrativo de la dependencia.
  • El resguardo del derecho a la privacidad e intimidad de las personas involucradas en la instancia de examen, acorde a la normativa vigente en nuestro país.
  • La definición de procedimientos y áreas institucionales a las que acudir en caso de imprevistos -tecnológicos y/o formales- durante la situación de examen.

En este marco, RECHAZAMOS la realización de exámenes masivos cuando se identifique la inexistencia de las condiciones mínimas -en términos institucionales, administrativos, pedagógicos, tecnológicos- para su realización o situaciones que vulneren los derechos laborales.

Y en virtud de ello, ACOMPAÑAMOS a los/as docentes que, de manera colectiva o individual, decidan no asumir la tarea de evaluar en las mesas de exámenes de julio.

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