En el día de ayer el Sec. Gral. de ADIUC, Javier Blanco, entregó una carta a los consiliarios de la UNC para expresar la preocupación de la docencia universitaria por el creciente deterioro salarial y los retrasos presupuestarios.

 

 

Carta pública de ADIUC al Consejo Superior de la UNC


Córdoba, 24 de julio de 2018

Sres./as Consiliarios

Consejo Superior

Universidad Nacional de Córdoba

Nos dirigimos a ustedes para expresar y compartir nuestra preocupación por el persistente deterioro de los salarios docentes y la profundización de las políticas que desfinancian a las universidades nacionales, comprometiendo en forma progresiva su correcto funcionamiento y la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.

Las y los docentes universitarios estamos llegando al mes de agosto con un acuerdo salarial vencido desde el 28 de febrero. La inflación registrada en el primer semestre supera el 16%, pero el ejecutivo nacional insistió en ofrecer un 15% en 4 cuotas y sin cláusula de actualización para todo el año. En lo que va del 2018 solo hemos recibido un incremento del 5% a cuenta de futuros acuerdos, mientras todas las proyecciones inflacionarias tienen un piso del 30%.

Si el gobierno nacional no mejora la oferta, en 2018, la caída de los salarios docentes alcanzará 22 puntos porcentuales desde octubre de 2015. Hay muchos caminos para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, pero el primero de ellos es que la docencia tenga un salario decente. Entendemos, por tanto, que esta debe ser una reivindicación de la comunidad universitaria en su conjunto.

El discurso oficial refiere al salario y a la educación pública como un gasto y una estructura sobredimensionados, que necesitan ser recortados para equilibrar las cuentas públicas. Pero en poco más de un mes el gobierno destinó recursos equivalentes a dos presupuestos universitarios anuales completos para contener la corrida cambiaria, favoreciendo a los grandes especuladores financieros. El acuerdo con el FMI preanuncia una mayor transferencia de recursos para garantizar el pago de la creciente deuda pública.

La inversión realizada por el Estado en universidades nacionales pasó del 0,87% del PBI en 2015 al 0,77% en 2017 y continúa cayendo este año. El desfinanciamiento del sistema universitario no solo se evidencia en los recortes, sino también en la subejecución de las partidas: en 2016 quedaron $700 millones sin ejecutar; en 2017 fueron $738 millones. En el primer semestre de este año la deuda exigible a la SPU asciende a $13.552,7 millones, afectando a todas las actividades, entre ellas las becas para estudiantes que ya habían sufrido un caída real del 44% en el presupuesto 2018.

Salarios devaluados, obras de infraestructura paralizadas, becas recortadas, programas desfinanciados, menos presupuesto para investigación, etc. mientras la inflación deprecia los recursos aún disponibles. ¿Cuánto falta para comiencen a abonar los salarios en cuotas, despidan personal, se cuestione la necesidad de sostener tal o cual área de conocimientos o se ponga en discusión la gratuidad y el carácter irrestricto de la educación superior?

No conocemos la respuesta a estas preguntas, pero la historia reciente nos ha mostrado a dónde conducen las polìticas del ajuste permanente, y que una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede poner un freno a estas políticas en defensa del derecho a la educación superior.

La docencia universitaria se pronunció en contra de la oferta salarial y a favor del No Inicio del segundo cuatrimestre en el Plebiscito Nacional Universitario organizado por las federaciones docentes. La consulta expresó el creciente malestar, la angustia e incertidumbre que vivimos las y los docentes de todo el país, tras largos meses de conflicto sin lograr ser escuchados.

No queremos parar, ni perder días de clase, ni tener que dedicar energía a nuevas jornadas de protesta. Necesitamos salarios dignos, defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad, y no podemos mirar para otro lado, mientras asistimos a enormes retrocesos históricos.

En este escenario, en el centenario de la Reforma Universitaria y tras la realización de la CRES 2018 que reafirmó los acuerdos acerca de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y un deber del estado, solicitamos a este cuerpo que tenga a bien acompañar nuestro reclamo a través de una declaración pública y otras acciones que se dispongan.